Santacrúz Fernández, RobertoVázquez Vázquez, Rodrigo Iván2024-11-132024-11-132006https://hdl.handle.net/20.500.12371/22217"Ante un escenario aquejado por el abandono en muchos de los centros penitenciarios de México, y ante la evidencia de que la gran problemática radica en las condiciones deplorables en que viven los penados encontramos un aliciente en lo que propone la política criminal ante el estancamiento jurídico que aqueja en gran parte del territorio nacional. El gigantesco abismo entre el México real y el México legal, tiene origen no sólo en la ausencia de las políticas públicas, así como en la tradición de indiferencia a los mandamientos de la ley, lo que contribuye para el descrédito, la impunidad, y, en consecuencia, para el fortalecimiento del discurso de aquellos que, delante de la violencia omnipresente, la inseguridad generalizada, y bajo los aplausos de una sociedad sedienta de venganza, proponen el endurecimiento de la pena. Como sostiene Alfonso Zambrano Pasquel, "no es aventurado decir que determinados medios de comunicación provocan la 'alarma social' y 'el caos ciudadano' que se convierten en estereotipos manejados políticamente para dar nacimiento a las campañas de ley y orden, en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos de los destinatarios de esas campañas antidelincuenciales. Como si dichas medidas tuviesen el poder mágico de disminuir la criminalidad, de refrenar la acción de infractores empedernidos, peligrosos, profesionales, generados muchas veces en el vientre de la sociedad excluyente y criminógena. Defender los derechos humanos del preso, casi siempre analfabeto y pobre es proveerle de alimentación apropiada e instalaciones higiénicas; es preservar el estado de salud física y mental de los condenados, alienados, enfermos mentales, presos provisorios o sentenciados por deudas, incluyendo tratamiento de VIH/Sida, tuberculosis y dependencia química. Es garantizarle trabajo, como enunciado por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trabajo con derecho a la remisión parcial de la pena, ofrecido al recluso en la medida de sus aptitudes, capacitación laboral para la labor en libertad y posibilidades del reclusorio. Es propiciarle educación, que no tendrá sólo carácter académico sino también cívico, higiénico, artístico, físico y ético. Es asegurarle la clasificación prevista en ley, requisito fundamental para demarcar el inicio de la ejecución científica de la pena privativa de libertad y despliegue lógico del principio de la proporcionalidad de la pena. Es fortalecer los consejos técnicos interdisciplinarios, para la mejor aplicación del sistema progresivo, la aplicación de medidas de preliberación etc. Es apoyar el proceso de supervisión penitenciaria de que participan programas de protección de derechos humanos. Es prestar asistencia moral y material al excarcelado, víctima del etiquetamiento, apoyándolo en el penoso itinerario de reincorporación a la vida libre."spaDerecho procesal--Procedimiento legal--México--PueblaDerecho legislación--Reforma regulatoria--PueblaDerecho penal--DesregulaciónTesis de licenciaturarestrictedAccessD2006 V3A5