Ponce Gómez, Miriam OlgaBecerril Morales, Wendy MarisolJuárez García, Nancy BeatrizTepalcingo Domínguez, IndiraCristobal Bautista, JesúsCristobal Bautista, Miguel ÁngelReyes Parada, FabiánLuna Clemente, IsraelRamírez Flores, José LuisCruz Salmorán, Carlos Augusto2024-11-292024-11-292010https://hdl.handle.net/20.500.12371/22912El 17 de junio de 2008, México adoptó una importante reforma al sistema de justicia penal, con la firma de un decreto que modificó varios artículos de la Constitución. Esta reforma marcó el paso de un sistema Inquisitorial Mixto a un sistema Acusatorio, con la implementación de juicios orales y procesos simplificados. El objetivo fue garantizar un sistema más transparente y proteccionista de los derechos tanto de la víctima como del inculpado, introduciendo figuras como el juez de control y los medios alternativos de solución de controversias. La reforma también respondió a la creciente preocupación por el crimen organizado, buscando mejorar la justicia penal en el país. A pesar de los beneficios, la transición al sistema acusatorio ha generado debate, especialmente con la introducción de juicios orales, modelo proveniente del sistema anglosajón. La pregunta clave es si la ciudadanía y las autoridades están preparadas para adaptarse a este nuevo procedimiento. Algunos estados, como el Estado de México, Nuevo León y Oaxaca, ya han comenzado a implementar estos cambios en sus códigos, pero aún persisten retos en cuanto a la comprensión y aplicación de estas reformas, lo que lleva a un análisis de su difusión y aceptación en el estado de Puebla.spaSistema justicia penal--Disciplina y las causas--Detención y la prevención del delito--Tratamiento o castigo de los delincuentes--Criminología--Ocurrencia del delito se incluye en delito--México--PueblaJusticia Penal--Administración--Derecho y legislaciónDerecho penalCriminalesTesis de licenciaturarestrictedAccessD10 B42c