Escamilla Guzmán, Jesús2026-06-022026-06-022005https://hdl.handle.net/20.500.12371/32750El texto presenta un marco de referencia para evaluar las políticas y acciones de los gobiernos federal y estatal en materia de fomento económico y desarrollo industrial. Según Alejandro Mungaray, la política industrial se justifica para resolver las fallas del mercado en la asignación de recursos, promoviendo la entrada de empresas en industrias nacientes u oligopólicas y la salida de aquellas en sectores declinantes. Esta acción gubernamental se circunscribe a cuatro campos principales: la infraestructura industrial, la asignación de recursos entre industrias, la organización interna del sector y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En esencia, busca enfrentar condiciones de riesgo e incertidumbre mediante alianzas estratégicas y una coordinación estatal basada en las capacidades técnicas y regionales disponibles. Por su parte, María Da Conceicao Tavares ofrece dos acepciones del término; una de corte macroeconómico que describe políticas para aumentar la capacidad productiva a largo plazo a través de incentivos a la inversión y la investigación, y otra que designa la concesión de privilegios a industrias o empresas elegidas por su importancia estratégica para el país. Benito Bucay señala que en México la ausencia de una política industrial provocó la desaparición de industrias y fuentes de trabajo tras el cambio de modelo de acumulación, rompiendo cadenas productivas y dejando eslabones sueltos. Además, afirma que el proteccionismo estatal generó ramas económicas privilegiadas por intereses políticos, lo que derivó en industrias ineficientes con productos de baja calidad y servicios deficientes. Busca y sugiere siete características esenciales para una política industrial efectiva, entre las que destacan el criterio de horizontalidad en las decisiones de inversión para permitir que los particulares inviertan libremente y un sesgo en las finanzas públicas para favorecer la adquisición de conocimiento. También propone diseñar políticas fiscales ventajosas para la capacitación de trabajadores sin regulaciones excesivas, restaurar cadenas industriales vinculando grandes empresas con pequeñas a través de Nafin o Bancomext, y difundir herramientas de control financiero para facilitar el acceso al crédito bancario. Finalmente, aboga por impulsar incentivos a la calidad y reducir las cargas fiscales al salario para incentivar el factor trabajo. El autor concluye enumerando ocho elementos fundamentales para el diseño de la política industrial nacional, tales como bajar el costo del capital de inversión a niveles competitivos internacionalmente y apoyar la investigación, capacitación y exportación. Se enfatiza la necesidad de manejar precios relativos, proteger los mercados nacionales contra el dumping y fomentar mecanismos de asociación como la subcontratación. Estos conceptos sirven como base para analizar posteriormente el caso específico del Estado de Puebla, permitiendo identificar los instrumentos y acciones implementadas por los distintos niveles de gobierno en el periodo delimitado por el estudio.spaPolítica industrial--desarrollo económico--planificación estatal--finanzas públicas--México--PueblaPequeñas y medianas empresas--fallas del mercado--proteccionismo--alianzas estratégicasSubcontratación--capacitación--horizontalidadTesis de licenciaturarestrictedAccessLE2005 E8 P6