Gestión de la operación de transporte urbano de ruta fija mediante indicadores de efectividad y rentabilidad en la ciudad de León Guanajuato
Date
2016-06-01
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
El servicio de transporte público urbano en México generalmente está concesionado a un tercero (persona física o moral). Este modelo de producción del servicio se denomina delegado y en él la autoridad pública define las características del servicio y controla que se preste en los términos que establece un instrumento jurídico que puede ser una concesión o un contrato. En muchos países con tradición en modelos de regulación de los servicios público (Europa principalmente) se ha pasado de los modelos de concesión a modelos de contratos y más recientemente modelo de tendencia a la competencia. En México, este proceso ha comenzado a darse de manera incipiente a partir de proyectos estructurados con financiamientos federales en el marco del Programa de Transporte Masivo (PROTRAM). Una de las repercusiones de este cambio tiene que ver con el fortalecimiento institucional que permita controlar y vigilar de forma efectiva la prestación del servicio, pero sobre todo que genere repercusiones sobre los concesionarios que no cumplen con estos objetivos. En efecto, hasta hace algunos años las autoridades se hacían cargo de entregar las concesiones (generalmente a petición de los concesionarios) y dejaban, salvo raras excepciones, que el servicio se “autorregulara” bajo el supuesto que, en un mercado con libre competencia, la teoría de “la mano invisible” se haría cargo de llevar al sistema a un óptimo. Lo cierto es, que en el sector existen un sin número de distorsiones que hacen que esta teoría lejos esté de verificarse. Es por ello, que las autoridades públicas deben fortalecer los mecanismos de control, supervisión y cumplimiento de los servicios otorgados a los concesionarios. Para tal efecto, se requieren, por un lado, desarrollar los indicadores correspondientes y por otro, diseñar los mecanismos de regulación que garanticen la prestación del servicio con altas especificaciones de calidad para el usuario. Se trata, por lo tanto, de recuperar la función de la autoridad reguladora en beneficio del usuario y también en beneficio de la movilidad sostenible que representa el transporte público. Objetivo general Desarrollar indicadores de control, supervisión y cumplimiento del servicio de transporte público con la finalidad de mejorar la regularidad y la calidad del servicio al usuario destacando los elementos clave para su implementación. Estos indicadores nos escalarán paulatinamente y positivamente con la finalidad de aproximarnos a la exactitud, lo que dará mayor rentabilidad a los permisionarios, mayor aprovechamiento del tiempo a los usuarios, y credibilidad en la calidad del servicio a toda la población. Hipótesis Bajo el esquema de producción delegado a terceros a través de concesiones es posible que la autoridad reguladora pueda asegurar la calidad de servicio mediante la implementación de indicadores de control, supervisión y cumplimiento asociados a mecanismos de incentivos y penalizaciones continuos. Sin embargo, se requiere considerar factores clave durante la implementación y en los cuales reside el éxito de la implementación. Metodología Para alcanzar el objetivo planteado, se realizan las siguientes actividades: • Revisión de indicadores comúnmente empleados en el control, supervisión y cumplimiento del servicio en el transporte público. • Revisión de modelos de organización que controlan de forma exitosa el cumplimiento del servicio. • Selección del modelo de organización del transporte público y selección de indicadores de control, supervisión y cumplimiento del servicio de transporte público, • Descripción del proceso de implementación de indicadores de control y supervisión e identificación de puntos clave del proceso en un caso de estudio, • Emisión de recomendaciones y comentarios finales. Alcances La presente tesis se enfoca en el análisis de sistemas de transporte bajo el esquema de producción delegada de la prestación del servicio. Este tipo de esquemas son los más comunes en México.
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