Necesidad la garantía de defensa sea realizada por un licenciado en derecho
Date
2005
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
El objetivo de todo sistema legal, en el marco de un Estado de Derecho, debe ser garantizar la justicia para los integrantes de la comunidad. Para ello se sirve de instituciones, procedimientos y órganos de administración, procuración e impartición de justicia. Un elemento indispensable para acceder a la justicia es la equidad, que resulta imprescindible cuando alguien se presenta ante dichos órganos. Es decir: por un lado, la igualdad de que las personas gozan ante la ley debe subsistir cuando éstas se presentan ante los órganos de justicia y en sentido opuesto, las ventajas y desventajas que una persona pudiera tener frente a otra por motivos culturales, sociales o económicos, deben ser eliminados cuando los intereses de ambas se oponen en un conflicto de carácter jurídico.
Las garantías tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, fueron establecidos con el objeto de salvaguardar y proteger al individuo aun cuando sea considerado presunto responsable de la comisión de un delito, pero la falta de conocimiento de los derechos que gozan los ciudadanos, es causa de que los mismos le sean violados por la autoridad supuestamente encargada de velar por la justicia y para reprimir esta mala práctica y hacerla respetar, existe el derecho de defensa ya sea por un defensor particular o un defensor social, profesionistas que deberán ser Licenciados en Derecho con Cédula Profesional.
Por lo que su intervención en la defensa tiene por objeto precisamente proteger a quienes por sus escasos conocimientos en materia penal o por su carencia de recursos económicos, es víctima de personas que alegando influencias o usurpando la profesión se aprovechan vilmente de las desventajas del inculpado disminuyendo sus posibilidades legítimas de defensa.
Por lo tanto el presente trabajo está encaminado a que la defensa de una persona cuando sea detenida o involucrada en un hecho delictuoso recaiga en profesionistas que sean Licenciados en Derecho con Cédula Profesional y que no se siga permitiendo que la defensa recaiga en personas carentes de conocimientos en materia jurídica ya conprometen la seguridad y buena defensa del enjuiciado además de que en el fondo no son verdaderas personas de su confianza sino negociantes.